Lunes, Abril 24, 2017

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El control de horario de la jornada ordinaria no es obligatorio, pero sí muy recomendable para la gestión del personal

En relación con la campaña de la Inspección de Trabajo sobre registro de jornada diaria de trabajo, que traía su causa en Sentencias de la Audiencia Nacional no firmes, finalmente el Tribunal Supremo ha decidido estimar el recurso de casación interpuesto por BANKIA y anular la dictada por la Audiencia Nacional, estableciendo lo siguiente:

 

  1. “El deber de registrar la jornada laboral se contempla al tiempo de regular el legislador las horas extraordinarias (…) y no la jornada laboral ordinaria”.
     
  2. “El artículo 35.5 [del Estatuto de los Trabajadores] solo obliga, salvo pacto que amplíe ese deber, a llevar el registro de las horas extras realizadas y a comunicar a final de mes (…) al trabajador y a la representación legal de los trabajadores el número de horas extras realizadas, caso de haberse efectuado”.
     
  3. “La normativa [europea] examinada impone, al igual que la española la necesidad de llevar un registro de las jornadas especiales, pero no de la ordinaria cuando no se sobrepase la jornada máxima”.
     
  4. La obligación de llevar un registro horario (…) no existe por ahora y los Tribunales no pueden suplir al legislador imponiendo a la empresa el establecimiento de un complicado sistema de control horario, mediante una condena genérica, (…) por cuanto no se trata, simplemente, de registrar la entrada y salida, sino el desarrollo de la jornada efectiva de trabajo con las múltiples variantes que supone la existencia de distintas jornadas, el trabajo fuera del centro de trabajo y, en su caso, la distribución irregular de la jornada a lo largo del año, cuando se pacte”.
     
  5. “Todos los razonamientos expuestos impiden llevar a cabo una interpretación extensiva del artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores imponiendo obligaciones que limitan un derecho como el establecido en el artículo 28.3 del citado texto legal y el principio de libertad de empresa que deriva del artículo 38 de la Constitución y ha reconocido nuestro Tribunal Constitucional como imprescindible para la buena marcha de la actividad productiva”.

ABRIR SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

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