Los datos que nutren este artículo están sacados de El Barómetro Sanitario, el gran sondeo anual con el que el Gobierno escucha la opinión de los ciudadanos sobre la sanidad público. En el último barómetro, 2,4 millones de españoles reconocen sus dificultades para hacer frente a los tratamientos médicos; en este artículo te explicamos los porqués.

El 5,2% de los encuestados en el Barómetro Sanitario, el gran sondeo anual con la que el Gobierno escucha la opinión de los ciudadanos sobre la sanidad pública, aseguran no poder pagar alguno de los fármacos que les ha recetado un médico. Según informa el Diario El País, si extrapolamos estos números, se deduce que 2,4 millones de españoles tienen dificultades para recibir sus tratamientos médicos.

Una de las claves que contextualiza la trascendencia de este dato es que es la primera vez que se pregunta en este barómetro, elaborado por el Ministerio de Sanidad y el CIS, por este dato. El porcentaje de respuestas que concretan necesidad en el ámbito de sufragarse un tratamiento no supone ninguna sorpresa para entidades que llevan trabajando en el día a día con la ciudadanía más desprotegida. Es el caso de la Cruz Roja, que durante la crisis ha realizado diferentes llamamientos para alertar sobre las dificultades que están pasando numerosas personas para costearse los tratamientos sanitarios.

Entre las necesidades básicas que intenta cubrir la campaña están los suministros (luz y agua), los alimentos... y los medicamentos. Tanto es así que el 35% de los 2,4 millones de personas que atiende Cruz Roja en España no puede afrontar gastos médicos, como la compra de fármacos. Bien porque ya no están cubiertos por la Seguridad Social o por el copago, según el Informe sobre vulnerabilidad social presentado a finales del año pasado.

Estos datos se explican en buena medida también por la reforma sanitaria que emprendió el Gobierno en 2012. Según la misma, el Gobierno cambió el sistema de pago de los medicamentos y excluyó 400 medicamentos de la financiación pública, lo que en su momento se denominó como medicamentazo.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad reconoce carecer de una evaluación concreta de cómo ha afectado ese decreto a la capacidad de los ciudadanos para proveerse un tratamiento.  Desde el ministerio se asegura que la pregunta en el barómetro no tiene ese objetivo, sino responder a una propuesta que hizo la OCDE a sus miembros en 2005. En ese sentido, Juan Oliva, expresidente de la Asociación de Economía de la Salud señala que “Ocho países ya lo han preguntado a sus ciudadanos y salen datos similares a los de España”.