La pasada semana se debatió en el Parlamento Andaluz una proposición no de Ley presentada por el Partido Popular que tenía como objetivo lograr la retirada del proceso de subasta de medicamentos que se está utilizando en esa Comunidad Autónoma.

La Propuesta en su exposición de motivo daba suficientes razones no solo sanitarias sino también económicas y jurídicas para que se procediera a su retirada.

“Desde que se puso en marcha este nuevo método, han sido innumerables los sectores que lo han censurado, especialmente las asociaciones de pacientes, profesionales del derecho sanitario, la patronal farmacéutica, así como organizaciones de consumidores, ya que la subasta de medicamentos ha supuesto numerosos problemas, como los continuos desabastecimientos en las farmacias, las sustituciones de unos fármacos por otros, además de atentar contra el principio de equidad, convirtiendo a los andaluces en pacientes de segunda con menores opciones para acceder a las prestaciones sanitarias en comparación con los del resto del país”.

“Con la subasta de medicamentos, el Gobierno andaluz está obligando a los andaluces a medicarse con unos determinados genéricos, pese a que existen esos mismos medicamentos de otros laboratorios con el mismo precio”.

“Como consecuencia de este sistema, los laboratorios y las farmacias han tenido que despedir a parte de su plantilla, no por el hecho de que los medicamentos sean más baratos y con menos margen para ellos, sino porque el Gobierno andaluz les ha quitado el margen de negociación de cada farmacia”.

“Hasta la fecha, han sido ya siete las convocatorias de subastas convocadas por el Servicio Andaluz de Salud, todas ellas objeto de recursos de alzada y demandas ante lo contencioso-administrativo”.

“Además, existe un recurso, pendiente de resolución, presentado por el Gobierno de la nación en 2012 ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias e inequidad en el Sistema Nacional de Salud”.

“El Grupo Popular Andaluz considera una gran irresponsabilidad la subasta de medicamentos, además cuando se está planteando que la compra de medicamentos debería ser centralizada en Europa, y no que una sola comunidad de España se resista a participar en mecanismos de compra común para todos los españoles”.

“Estamos seguros de que, si Andalucía participara en este modelo central de compra con la potencia y la población que tiene, sí obtendría un ahorro de verdad y con el que se podría mejorar la sanidad andaluza”.

Con todo la proposición no de Ley literalmente fue la siguiente:

“El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a derogar el Decreto Ley 3/2011, de 13 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes sobe prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, con el fin de anular de forma inmediata el sistema de selección pública de fármacos, llamada subasta de medicamentos, en nuestra comunidad, por invasión de competencias del Gobierno de la nación, además de atentar contra el principio de igualdad por discriminación de los pacientes andaluces en el acceso a los medicamentos y con el objetivo de que las futuras operaciones de compras sean centralizadas como en el resto de comunidades autónomas”.

Al final esta proposición no de Ley no salió adelante por cuantos a los votos del Partido Socialista e Izquierda Unida se unieron los de Podemos, con un total de 10 frente a los 7 del Partido Popular y Ciudadanos.

Referirnos brevemente a los argumentos de Podemos que parece está de acuerdo en el fondo, es decir en el proceso de subasta en sí pero no en la forma que lo ha aplicado el Gobierno andaluz.

“La aplicación de esta subasta, pese a haber supuesto en leve ahorro del gasto público, no ha repercutido en una mejora de la atención sanitaria en nuestra comunidad. Y con la total opacidad en su aplicación, ni siquiera podemos determinar a quién ha beneficiado esta medida. Un pilar tan importante para el estado del bienestar como es la sanidad necesita de un Gobierno trasparente, y que se tome muy en serio la participación ciudadana. Un Gobierno que atienda las continuas reclamaciones de los profesionales de la sanidad y de los pacientes, pero poco se puede esperar de este Gobierno.

Para conseguirlo debemos garantizar cuatro principios fundamentales. Primero, anteponer la asistencia de los pacientes a los beneficios de las grandes farmacéuticas. Segundo, dar seguridad y libertad a los profesionales de la sanidad en el ejercicio de su trabajo. Tercero, equiparar la inversión sanitaria en Andalucía a la medida española. Y cuarto, garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

Para que las políticas en materia de salud puedan ser creíbles y no sólo un cúmulo de buenas palabras, son imprescindibles una adecuada financiación de la sanidad, una suficiente dotación de personal. Y acabar de una vez por todas con el colapso de la Atención Primaria. Es ahí y no en la subasta de medicamentos donde reside la solución al problema del gasto farmacéutico.

Que la Administración andaluza realice el pago en tiempo y forma a la oficina de farmacia. Que se priorice tanto el abastecimiento como la trazabilidad de la calidad de los medicamentos en la sección de los laboratorios suministradores. Y que se potencie una mejor educación sanitaria de la población para reforzar así el trabajo que realizan los profesionales médicos y farmacéuticos”.

Pese a todo voto a favor.