La semana pasada, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó un Estudio sobre el mercado de distribución minorista de Medicamentos en España, que ha generado, por su contenido, otra vez una gran polémica en el sector, al haber realizado una serie de recomendaciones que, de llevarse a la práctica, supondría la aniquilación del actual modelo de farmacia de nuestro país.
Recomendaciones que son las siguientes:
No vamos a entrar a valorar en profundidad este nuevo Estudio de la CNMC, porque ninguno de los argumentos recogidos ahora, nos son desconocidos, por cuanto ya han sido no solo utilizados y planteados en anteriores ocasiones, si no, también, rebatidos y descartados, tanto a nivel normativo como social.
Pero no entramos a valorarlo, sencillamente, porque entendemos que la realidad esta vez supera con mucho a la ficción que se hayan podido construir en esta Comisión, a la que alguien importante, de una vez por todas, debería sugerirle que orientará su función pública hacia labores que reportaran, verdaderamente, algún tipo de beneficio colectivo.
Es que si no, los ciudadanos, incluidos los farmacéuticos, podríamos caer en el error de pensar que tal alto organismo, sostenido política y económicamente por todos los españoles, lejos de servir a los intereses generales, pudiera estar atendiendo a los de ciertos grupos particulares.
Tampoco pensamos que sea el momento para entrar a dimensionar, reflexivamente, las condiciones de profesionalidad, de garantía, de calidad, de accesibilidad, de solidaridad, de vocación, de equidad o de funcionabilidad, que siempre han caracterizado al modelo actual y no lo hacemos porque entendemos que el paciente-usuario es plenamente consciente de en qué circunstancias se está prestando el servicio, como lo es también de las consecuencias que pueden llegar a suceder si las recomendaciones de esta Comisión se llevarán a la práctica.
Por supuesto, somos conscientes que como todo en la vida el modelo también puede ser incluso mejorable, de hecho su capacidad de adaptación a las circunstancias y el compromiso de la profesión, han sido referencias contrastadas a través del tiempo.
Por eso sería muy conveniente que quien asume el desempeño de una “función en beneficio de consumidores y usuarios” evite, por los riesgos de futuro que para todos supone, estar una y otra vez cuestionando un modelo acreditado social y sanitariamente que, también, cumple con una “función en beneficio de consumidores y usuarios” que le es asignada por el marco normativo de nuestro sistema democrático.
Reacciones
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía