El real decreto estableció el acceso a la asistencia sanitaria de los que no tengan la condición de asegurados mediante el pago a su cargo de las prestaciones que reciban. Los inmigrantes sin permiso de residencia deben, pues, abonar toda asistencia sanitaria que no se limite a la atención en urgencias por enfermedad grave o accidente. El recorte no afectó a las embarazadas ni a los menores de 18 años, para los cuales se dispuso la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que a los españoles. 

El TC constata que la normativa de 2012 supuso un giro en la anterior política de progresiva extensión de la asistencia sanitaria gratuita, aunque también indica que el principio de universalidad que acoge el artículo 43 de la Constitución nunca ha significado el derecho incondicionado de toda persona que se encuentre en España a recibir gratuitamente todo tipo de prestaciones sanitarias. De hecho, la anterior regulación exigía a los inmigrantes estar empadronados para ser atendidos por la sanidad pública.

Para el Constitucional, la universalidad no puede confundirse con un derecho a la gratuidad de todas las prestaciones sanitarias. Ello no se deriva de la Constitución, según la cual la protección de la salud es un derecho de configuración legal, lo que significa que el legislador puede modular las condiciones de aplicación a los extranjeros.

Crisis económica

El tribunal estima razonable que se tome en consideración cuál es la situación legal y administrativa de los extranjeros en España y que, dentro del margen que el legislador tiene a la hora de fijar sus prioridades, opte por preservar un bien constitucionalmente protegido como es el mantenimiento del sistema sanitario público, en especial en un momento de dificultades económicas.

Para el TC, la norma no excluye el acceso a las prestaciones sanitarias de cualquier extranjero que se encuentren en territorio nacional, sino que toma el dato de la falta de permiso de residencia para exigir la correspondiente contraprestación.

El único aspecto que el tribunal considera inconstitucional y, por tanto, nulo es el inciso que reserva a una determinación reglamentaria la fijación del límite de ingresos que no pueden superar los españoles, comunitarios o extranjeros con permiso de residencia que no estén afiliados a la Seguridad Social para acceder a la sanidad pública.

El tribunal ha concluido que ese aspecto no puede quedar exclusivamente en manos del Gobierno mediante un simple reglamento sino que tiene que haber algún criterio legal sobre el límite de ingresos exigible.

La sentencia, con ponencia de Encarnación Roca, ha sido votada en contra por la vicepresidenta del TC, Adela Asúa, y los magistrados Juan Antonio Xiol y Fernando Valdés, que han anunciado votos discrepantes.