El Gobierno ha aprobado recientemente el Real Decreto-Ley 28 / 2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
Esta norma introduce reformas en el Sistema de la Seguridad Social como la revalorización de las pensiones en función de IPC.
También modifica las tarifas para la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y cambios en la estructura de cotización de los trabajadores autónomos. Tales reformas, y otras más, han sido acordadas en el marco de diálogo social.
Lo más perjudicial, sin duda, para nosotros como empresarios titulares de Oficinas de Farmacia, para nuestra cuenta de resultados e indirectamente para el mantenimiento del empleo, es el notable incremento del tope máximo y de las bases máximas (7%) y mínimas (22%) de cotización.
También muy negativo para nuestros intereses es que se eleva un 40% la cotización de los contratos de cinco días o menos.
También es de observar negativamente la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de las personas que participan en programas de formación, prácticas no laborales y prácticas académicas externas, cuya cotización vendrá a ser homologable a la cotización de los contratos para la formación y aprendizaje.
Como rasgos alentadores tenemos que esta norma ve la luz también con el fin de abordar el control de los procesos de incapacidad temporal de los trabajadores a través de una participación más intensa de la supervisión del INSS. Y es alentador que se permita regular la jubilación forzosa de los trabajadores a través de la negociación colectiva, es decir, a través de los Convenios Colectivos.